✅ LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS -TRAS LA RUPTURA DE PAREJA- SE FIJA SEGÚN LA CAPACIDAD ECONÓMICA VERDADERA DEL OBLIGADO A PRESTARLOS.

La prueba de ingresos ocultos.

No es poco habitual que ante una ruptura con hijos comunes, el obligado a prestar alimentos lleve un nivel alto de vida y sin embargo presente en juicio, a los efectos de fijar la mínima cuantía de la pensión de alimentos, los ingresos declarados oficialmente. ¿Qué pasa con los ingresos ocultos del obligado a prestar alimentos?

El ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL, establece que la cuantía de los alimentos será proporcional al CAUDAL DEL QUE LOS DA y a las necesidades de quien los recibe.

Es decir, NO se fija la cuantía de la pensión de alimentos según los ingresos oficialmente declarados SINO según la CAPACIDAD REAL ECONÓMICA.

Sabemos que según las normas generales de la carga de la prueba, corresponde a quien reclama la prueba de los hechos para el éxito de su reclamación; pero en estos supuestos, por fortuna, donde se trata de valorar la capacidad económica real del obligado a dar alimentos, los ingresos ocultos  pueden quedar acreditados por presunción judicial con base a signos externos de riqueza.

El ARTÍCULO 386 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL regula cómo el tribunal, a partir de unos hechos admitidos o probados, puede «presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano».

La presunción judicial, siempre y cuando se realice correctamente el juicio de inferencia, es un medio de prueba válido para acreditar hechos controvertidos, y su empleo no puede confundirse con la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, que no es necesario aplicar respecto de esos hechos por haber quedado ya acreditados.

Expone la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 14 de octubre de 2020 que: “Es conocida la enorme dificultad de concretar los ingresos de los profesionales liberales y autónomos, por la existencia de un régimen tributario en ocasiones opaco que hace dudar de la certeza absoluta de los datos allí recogidos.

Respecto de la prueba de presunción judicial, dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 16/09/2008 que se estructura en tres parámetros: A) la afirmación base -el hecho demostrado-; B) la afirmación presumida -el hecho que se trata de deducir-; y C) el nexo de ambas afirmaciones -inferencia-, que ha de ajustarse a un lógico criterio humano, sin que sea preciso la inelubilidad o univocidad, sino únicamente la sujeción a las reglas de la sana crítica

SIGNOS EXTERNOS INDICATIVOS DE RIQUEZA. Son signos externos indicativos de una mayor capacidad económica real a la declarada LOS SIGUIENTES:

  • Nivel de gastos superior a los ingresos declarados. Se trata de la acreditación de una incoherencia o incongruencia entre ambos elementos, y ante ello debe presumirse que para hacer frente a los gastos se debe contar con ingresos.
  • La acreditación de signos de disfrute de alto nivel de vida de titularidad fiduciaria. Es interesante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 26/03/2018
  • Disfrute de bienes a nivel personal (vehículos, viviendas…) y pagos de gastos personales efectuados por empresas vinculadas al obligado a dar alimentos (pueden ser empresas familiares, o pagos en especie, o las disposiciones realizadas por el propio obligado como administrador de las mismas.
  • Acreditación de confusión de patrimonios personal y mercantil con trasvase de capitales. Es interesante en este punto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona  8067/2015

Por último, en este tema hay que resaltar reciente  Sentencia del Tribunal Supremo Fecha: 09/12/2021 Ecli: ES:TS:2021:4614, sobre la licitud de la prueba consistente en informe de detective contratado por uno de los progenitores para acreditar que el obligado a prestar alimentos, a pesar de lo manifestado, sigue trabajando.

 

La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que :

1.- Los derechos fundamentales del art. 18.1 de la Constitución , y en concreto los derechos a la intimidad y a la propia imagen, tienen «sustantividad y contenido propio».

2.- El derecho fundamental a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar un ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada.

3.- El derecho a la propia imagen consiste en determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión pública, comprendiendo su ámbito de protección, en esencia, «la facultad de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta o difunde»

 

La prueba consistente en informe realizado por detective privado no vulnera derechos fundamentales porque:

1.- Se realizaron por un profesional legalmente habilitado para la acreditación en juicio del nivel de riqueza. La finalidad exclusiva de los informes fue servir como prueba en los juicios que pendían entre los ex cónyuges, relacionados con la negativa del exmarido a hacerse cargo de dichas obligaciones familiares

2.- Desde la perspectiva de la proporcionalidad, el juicio de ponderación de la sentencia recurrida consistente en priorizar el derecho de defensa es conforme con la normativa y la jurisprudencia expuestas.

Culmina la Sentencia diciendo que “En definitiva, la investigación cuestionada se sirvió de medios no desproporcionados para probar en juicio la actividad profesional del hoy recurrente y desvirtuar así la carencia de ingresos en que se escudaba para justificar una conducta tan reprobable que llegó a ser constitutiva de delito. Sería un contrasentido reconocer una indemnización por daño moral, fundada en la vulneración de sus derechos a la intimidad y a la propia imagen, a quien, como el recurrente, se resistió durante años a cumplir sus deberes familiares, fue penalmente condenado por ese incumplimiento y, en fin, dio lugar a que su exesposa tuviera que apuntar todos los medios legales a su alcance para intentar la efectividad de los derechos que ella y los hijos habidos de su matrimonio con el recurrente tenían reconocidos por sentencia firme

 

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